Jesús les dijo:
—Les aseguro que, si ellos se callan, las piedras gritarán.
(Lucas 19:40)
En abril de 2018, el Gobierno de Nicaragua liderado por la dictadura de Daniel Ortega y su consorte, Rosario Murillo, iniciaron una ruptura formal con la Iglesia católica. Antes de esa fecha, había una tolerancia ficticia, porque la dictadura jamás perdonó el comportamiento profético de los obispos y sacerdotes de la década de los años ochenta cuando denunciaban los horrores de la revolución y de la guerra. En esa época los prelados, al igual que hoy, resistieron las embestidas de Ortega y a pesar de las adversidades alzaron siempre su voz.
Antes de abril de 2018 existían voces de obispos y sacerdotes que eran incómodas al proyecto de dictadura dinástica que venía edificando la dictadura con el cierre paulatino de espacios cívicos y democráticos. Al explotar las protestas cívicas y autoconvocadas de abril a la dictadura se le cayó la máscara y mostraron su verdadero rostro criminal.
El 21 de mayo de 2014, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) presentó al Gobierno de Nicaragua el documento titulado: “En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor”. El documento evidenciaba las múltiples vulneraciones de derechos que cometían las instituciones del Estado y el cuerpo armado. Es un documento que hasta la fecha continúa siendo vigente en cada uno de sus enunciados. La dictadura hizo caso omiso y continuó su afán de daño a la institucionalidad y a la sociedad.
Después de abril de 2018, los sacerdotes suplicaron a la Administración Pública Ortega-Murillo el cese de la represión. Hicieron un llamado urgente al entendimiento entre las partes involucradas. No era un enfrentamiento armado lo que se imponía. Era un gobierno asesinando a un pueblo desarmado. Los obispos y sacerdotes sirvieron de intermediarios en varios enfrentamientos y de esa manera se logró evitar un mayor derramamiento de sangre.
La dictadura tampoco perdonó la misión profética de los obispos, sacerdotes, religiosas y laicos y haciendo uso del poder de las armas y el rol punitivo del Estado iniciaron los ataques a la libertad religiosa y a la Iglesia católica. Al finalizar el año 2023 se contabilizaban más de 800 ataques en contra de la Iglesia católica cometidos por la dictadura Ortega-Murillo.
La Administración Pública Ortega-Murillo, al observar que la Iglesia católica adoptó una posición a favor del respeto a la vida y los derechos humanos, comenzó un ataque frontal y desmedido para apartarla y silenciar su voz profética, pero la Iglesia católica se aferró a los principios del Evangelio y siguió ejerciendo su labor.
Desde abril de 2018 la Iglesia católica de Nicaragua ha soportado confiscaciones, intentos de asesinatos, secuestros, robos, pintas, mensajes de odio, cierre arbitrarios de medios de comunicación y Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), profanaciones, difamaciones, encarcelamientos de sacerdotes, negación de la justicia, incremento injustificados en los recibos de servicios básicos en las parroquias, congelamiento de las cuentas bancarias, expulsiones, destierros, prohibición de entrada al país a religiosos, entre otras agresiones han sido documentadas en el estudio Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?
Doscientos veintidós religiosos/as han tenido que abandonar su misión pastoral en Nicaragua. Cincuenta y uno de ellos se exiliaron por asedios, amenazas de muerte o encarcelamiento. Nueve religiosos han sido expulsados. Treinta y dos se le ha negado el ingreso al territorio nacional. Treinta y nueve fueron desterrados. Noventa y una religiosas/monjas pertenecientes a catorce congregaciones religiosas han sido expulsadas o se les ha impedido ingresar al país a pesar de que la mayoría son nicaragüenses.
De los religiosos uno es nuncio, tres obispos, ciento trece sacerdotes, once seminaristas y tres diáconos. La Arquidiócesis de Managua ha sido la más afectada con cuarenta y cinco sacerdotes diocesanos/religiosos que prestaban servicio pastoral en esa jurisdicción. Seguido de la Diócesis de Matagalpa con veintiocho religiosos. Diócesis de Granada once, Diócesis de León con doce, Diócesis de Estelí con diez. Las Diócesis de Jinotega y Diócesis de Siuna con seis religiosos respectivamente. Diócesis de Bluefields con cuatro, Diócesis de Juigalpa con dos y nueve religiosos que pertenecían a otras misiones/países fueron expulsados o se les prohibió el ingreso a Nicaragua.
Los números presentados en los párrafos anteriores son aproximaciones que hemos obtenido de diferentes noticias y fuentes religiosas, en su mayoría de testimonios de los perjudicados/as. Las cifras tienden a ser mayor porque la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) no expone ni informa cuantos sacerdotes o religiosos han sido vulnerados.
El silencio impuesto a los religiosos va más allá de la afectación emocional por la separación de sus familiares y comunidad, convirtiéndose en un problema migratorio. La dictadura continúa negando pasaportes a los religiosos que están en Nicaragua o fuera de ella. También prohíbe el ingreso al país y los deja apátridas y no existe una política migratoria de la Comunidad Internacional que dé respuesta inmediata a las aberraciones jurídicas que continúa cometiendo el régimen sandinista en contra de la Iglesia católica de Nicaragua y revictimiza a los religiosos quienes son agredidos por la dictadura y desprotegidos ante los demás Estados que exigen documentación oficial para realizarles los trámites e imponen trabas para que no logren normalizar su estadía en los países que decidan quedarse.
Los exilios, destierros, expulsiones y prohibiciones de entrada a sacerdotes, seminaristas y diáconos presentan fluctuaciones según el año analizado: En los años 2018 y 2019 dejaron de realizar su misión pastoral en Nicaragua tres religiosos respectivamente. En 2020 fue uno. En el año 2021 cinco religiosos. En 2022 la cifra incrementó a veinte. El 2023 fue el año que más religiosos fueron afectados con sesenta y dos, y en lo que va del año 2024 han sido perjudicados treinta y cuatro. No tenemos información exacta del año en que tres religiosos se exiliaron.
“A Nicaragua, en medio de su compleja historia, le ha tocado vivir uno de los peores momentos. La lectura de este documento nos deja bien claro que la persecución a la Iglesia se desarrolla en un contexto de persecución de cualquier pensamiento crítico que hable con libertad de los problemas y las necesidades del país. Infundir miedo, silenciar voces, dejar sin trabajo o sin propiedades, espiar, maltratar a los familiares de los opositores, desaparecer personas, es parte frecuente de la represión”, dice José María Tojeira S. J (2023).
*La columnista es abogada, investigadora social y autora del informe “Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?”. Ganadora del Premio Internacional de Libertad Religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos.