La situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado gravemente desde el año pasado, con un aumento de los casos de detenciones arbitrarias, intimidación de opositores, malos tratos bajo custodia y ataques contra pueblos indígenas, según un informe publicado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
“La persecución de los opositores al Gobierno o de quienes se perciben como voces disidentes se ha ampliado e intensificado progresivamente”, afirma el informe.
“Las autoridades siguen persiguiendo no sólo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control. Esto incluye a los defensores de los derechos humanos, los medios de comunicación independientes, las organizaciones no gubernamentales y cualquier otra entidad que abogue por el cambio social o político sin la supervisión del gobierno”.
El informe se basa en 120 entrevistas principalmente con víctimas y testigos de violaciones de los derechos humanos, reuniones con representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional, así como análisis de documentos gubernamentales y de ONG. Abarca un período de 12 meses a partir del 15 de junio de 2023 y proporciona descripciones detalladas de casos de detención arbitraria, al menos dos desapariciones forzadas documentadas, así como violaciones de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión.
Las libertades religiosas en Nicaragua siguieron estando sujetas a restricciones indebidas, según el informe. Al menos 27 sacerdotes y seminaristas católicos fueron arrestados arbitrariamente entre octubre de 2023 y enero de 2024. Un grupo de 31 clérigos fueron expulsados del país después de ser detenidos durante varios períodos.
Las autoridades también han revocado el estatus legal de muchas organizaciones religiosas, como parte de una tendencia más amplia de cancelaciones arbitrarias del estatus legal de las ONG. Durante el período que abarca el informe, más de 300 organizaciones, incluidas las que defendían los derechos de las mujeres, perdieron su estatus. En agosto de 2024, se cerraron otras 1.700 organizaciones, lo que supuso el golpe más duro infligido a la sociedad civil, con lo que el número total de organizaciones disueltas ascendió a más de 5.000 desde 2018.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, destacó que la “crisis multifacética que ha afectado a Nicaragua desde 2018 requiere un cambio urgente de rumbo por parte del Gobierno”.
CIERRE DE ESPACIOS CÍVICO Y DEMOCRÁTICO
El informe del ACNUDH enumera los siguientes casos en contra de la Libertad de religión y derecho a la educación:
- El ACNUDH mantiene su monitoreo sobre las restricciones indebidas a la libertad religiosa en Nicaragua. En un artículo de prensa, un diputado de la Asamblea Nacional acusó a la Iglesia Católica de ser una organización criminal que apoyó un intento de golpe de Estado durante las protestas de 2018.
- En agosto de 2023, el Gobierno canceló arbitrariamente la personalidad jurídica de la Universidad Centroamericana, una universidad jesuita en la que se formaban muchos defensores de los derechos humanos de Nicaragua, y confiscó sus bienes, instalaciones y cuentas bancarias, afirmando que era un centro de entrenamiento para terroristas. Las Relatoras Especiales sobre la libertad de religión o de creencias y sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión indicaron que el cierre formaba parte de “patrones sistemáticos de hostigamiento contra miembros de la Iglesia católica y otras confesiones religiosas”.
- El cierre afectó negativamente el disfrute de los derechos a la educación y la libertad académica, en un foro donde se permitía y alentaba el libre intercambio de ideas. El Gobierno inauguró una universidad pública en sus instalaciones, llamada Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, en honor a un ex reclutador de jóvenes para la Revolución Sandinista en la década de 1960. Al parecer, las autoridades intentaron obligar a los estudiantes de la Universidad Centroamericana a permanecer en la nueva institución impidiéndoles su traslado a otras universidades de Nicaragua. Según informes de los medios de comunicación, 710 empleados de la Universidad Centroamericana fueron despedidos.
- Se canceló arbitrariamente la personalidad jurídica de organizaciones religiosas, limitando el derecho de las comunidades religiosas a ejercer su libertad de asociación. Según la sociedad civil, a mayo de 2024, 392 organizaciones religiosas habían perdido su personalidad jurídica desde 2018. Las cancelaciones, publicadas en La Gaceta el 21 de mayo de 2024, incluían a seis organizaciones religiosas católicas y evangélicas.
- Al menos 27 de sacerdotes y seminaristas católicos fueron arrestados arbitrariamente entre octubre de 2023 y enero de 2024. El 18 de octubre de 2023 y el 13 de enero de 2024, 31 sacerdotes y seminaristas católicos fueron liberados y expulsados a la Santa Sede. Entre ellos se encontraba el obispo Rolando Álvarez, detenido arbitrariamente desde agosto de 2022, mantenido en condiciones inhumanas que incluyeron períodos prolongados de aislamiento, y privado arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense.
- Continuó la prohibición de facto de las procesiones católicas, la vigilancia de las misas, incluida la vigilancia de los discursos de sacerdotes durante la liturgia, y la presencia intimidatoria de las fuerzas del orden frente a las iglesias. Algunos sacerdotes fueron detenidos arbitrariamente por mencionar al obispo Álvarez durante su homilía, a pesar de que es una práctica común en la liturgia católica nombrar al obispo local.
- El 17 y 18 de diciembre de 2023, la policía detuvo a una mujer y 10 hombres, dirigentes del ministerio “Puerta de la Montaña”, y anunció que estaba investigando a la organización por lavado de dinero, por lo que los condenó a penas de entre 12 y 15 años de prisión en un proceso sumario.
- El Gobierno también canceló la personalidad jurídica del ministerio el 20 de diciembre y confiscó sus activos, estimados en hasta 5 millones de dólares.
- Las personas detenidas fueron sometidas a juicios penales que no respetaron garantías procesales ni el debido proceso. Se les impidió asistir físicamente a las audiencias, al igual que a sus abogados, y solo pudieron seguirlas por videoconferencia sin posibilidad de dirigirse al tribunal. Sus abogados no tuvieron acceso a los expedientes ni a las sentencias.
- Desde entonces, las 11 personas se encuentran incomunicadas, sin ningún contacto con sus familias ni con sus abogados. La pastora no pudo recibir la visita de sus hijos, que al momento de su detención tenían dos meses y un año de edad respectivamente. Como consecuencia de las detenciones, las comunidades religiosas dirigidas por las 11 personas detenidas perdieron a sus pastores.
Nota publicada en el sitio oficial ACNUDH
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