Nicaragua, un país de América Central con una rica historia y diversidad cultural, ha experimentado en los últimos años una creciente preocupación por la situación de la libertad de culto y conciencia. Bajo el gobierno de Daniel Ortega, se han documentado numerosos casos de persecución y violencia contra la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas.
Nicaragua ha tenido una historia tumultuosa, marcada por conflictos políticos, revoluciones y regímenes autoritarios. Durante la década de 1980, el país estuvo inmerso en una guerra civil, la Iglesia Católica jugó un papel importante denunciando los abusos de derechos humanos y abogando por la paz y la justicia social.
En 2007, Daniel Ortega regresó al poder como presidente de Nicaragua y fue a partir del año 2017 que incluye a su esposa, Rosario Murillo como un actor influyente en la administración pública del país y es nombrada vicepresidente. Desde entonces, el gobierno de Nicaragua ha sido señalado como un gobierno autocrático y dictatorial, erosionando las instituciones democráticas y reprimiendo la disidencia política y social.
Tensiones entre el Gobierno y la Iglesia católica
La Constitución de Nicaragua, en su Artículo 29, establece el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión, y en el Artículo 14 garantiza que el Estado no tenga una religión oficial y prohibe la discriminación por motivos religiosos. Además, reconoce el derecho de las personas a manifestar sus creencias religiosas en privado o en público. Sin embargo, a pesar de estas disposiciones constitucionales, se han registrado una serie de acciones por parte del gobierno que limitan este derecho fundamental.
La Iglesia católica en Nicaragua ha sido objeto de una creciente persecución por parte del gobierno de Ortega-Murillo. Desde abril de 2018, cuando estallaron protestas civiles contra el Gobierno, la Iglesia ha sido sometida a confiscaciones, ataques físicos, profanaciones, secuestros, detenciones y otras formas de violencia. Estos actos de represión se intensificaron después de que la Iglesia adoptara una postura crítica hacia el Gobierno en la que se abogó por el respeto a los derechos humanos durante las protestas de ese mismo año. En marzo de 2022, el gobierno retiró su beneplácito al nuncio apostólico, obligándolo a abandonar el país de manera inmediata.
Organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional han documentado numerosos casos de hostigamiento y al menos 65 líderes religiosos han sido detenidos arbitrariamente en Nicaragua. En mayo de 2022, el padre Harving Padilla denunció el hostigamiento que sufrió a manos de la policía y paramilitares, lo que lo llevó a escapar de lo que llamó una “parroquia por cárcel”. Además, el obispo Rolando Álvarez fue detenido en agosto de 2022 junto con otros religiosos, acusados de “actividades desestabilizadoras” y más de 200 religiosos han sido desterrados desde octubre de 2023.
Los ataques contra la Iglesia católica no son incidentes aislados, sino parte de un patrón más amplio de violaciones a la libertad de culto y conciencia en Nicaragua. El gobierno nicaragüense ha empleado tácticas de intimidación y represión contra líderes religiosos, cierres de iglesias, confiscación de propiedades y restricciones a la entrada y salida del país de personas religiosas y se han retenido pasaportes de otros, como en el caso de monseñor Silvio Fonseca. Estas acciones han tenido un impacto profundo en la capacidad de la Iglesia y otras comunidades religiosas para ejercer su fe libremente y llevar a cabo su labor pastoral.
Además de la Iglesia católica, las comunidades evangélicas también han sido blanco de la represión gubernamental. Pastores y líderes evangélicos han enfrentado amenazas, asedios e incluso arrestos arbitrarios debido a su participación en actividades humanitarias y de evangelización. El gobierno ha utilizado diversas tácticas para intimidar y silenciar a estas comunidades religiosas, incluida la disolución de organizaciones no gubernamentales evangélicas.
Un ejemplo destacado de la persecución a las comunidades evangélicas es el caso del ministerio Puerta de la Montaña. Este ministerio, inicialmente respaldado por el gobierno, fue objeto de represalias después de lograr una gran convocatoria en eventos multitudinarios de evangelización. Sus líderes fueron acusados de lavado de dinero y encarcelados, a pesar de haber seguido todos los procedimientos legales y de transparencia en sus actividades.
Cierre de medios de comunicación religiosos
También se han registrado varios casos de cierre de medios de comunicación religiosos en Nicaragua. En mayo de 2022, el gobierno suspendió Canal 51, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, un día después de que el obispo de Matagalpa denunciara su persecución por parte de autoridades policiales y paramilitares. Además, se cerraron otras emisoras de radio y televisión católicas en los meses siguientes.
Así mismo, el Gobierno clausuró Enlace Canal 21, una estación de televisión de programación evangélica, que dirigía el pastor Guillermo Osorno, excandidato presidencial por el partido Camino Cristiano Nicaragüense en 2021, y en el que denunció fraude electoral.
La situación de la libertad de culto y conciencia en Nicaragua ha generado preocupación a nivel internacional. Ex jefes de Estados, organismos de derechos humanos y países han condenado las violaciones a este derecho fundamental y han instado al gobierno nicaragüense a respetar la libertad religiosa y los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
El respeto a la libertad de culto y conciencia en Nicaragua es preocupante, con un patrón claro de represión gubernamental contra comunidades religiosas críticas y disidentes. Tanto la Iglesia católica como las comunidades evangélicas han sido objeto de ataques, amenazas y persecución, lo que ha generado un clima de temor e inseguridad para quienes ejercen su fe en el país. La respuesta y el apoyo internacional es crucial para presionar al gobierno nicaragüense a respetar los derechos humanos y garantizar la libertad religiosa para todos sus ciudadanos.
