En una fría mañana de este último enero caraqueño quedamos para conversar un rato con la hermana Ana. Ella es una religiosa de una congregación católica. Una mujer de más de 50 años pero que, a pesar de las largas, diversas y agotadoras tareas que desarrolla, se le ve bastante fuerte. Su mirada serena y el hablar pausado transmite confianza y llama al diálogo, así que estuvimos largo rato conversando con ella sobre un tema que nos trae muy preocupados a varias personas en el país y que hemos decidido abordarlo seria y sistemáticamente: ¿existe verdadera libertad religiosa en Venezuela?
Y nos tiene muy preocupados porque vemos cómo cada vez más en Venezuela lo religioso está siendo utilizado desde el poder político como herramienta de control, y cómo el ámbito de lo religioso está siendo controlado a través de herramientas legales, económicas, policiales y comunales. En ese sentido y, aunque parece lo contrario, dada la sobreexposición en ambientes religiosos de los principales personajes del régimen, creemos que desde el poder político se viene ejerciendo una sistemática y premeditada política que, a nuestro juicio, busca manipular determinados aspectos religiosos para imponer una particular línea ideológica. Son estos temas los que originaron la conversación con la hermana Ana. Muy especialmente para conversar si desde la vida de las comunidades se está viviendo esta experiencia de control que percibimos en otros ambientes.
La hermana Ana ha dedicado toda su vida a trabajar pastoralmente en los sectores más populares de Venezuela. No sólo en la capital, Caracas, sino en otras ciudades. Pero ahora sus superioras la han destinado a una de sus comunidades más emblemáticas por encontrarse inserta en medio de lo que en el país se llama “misión vivienda”. Estas “misiones vivienda” son desarrollos habitacionales que fueron construidos, fundamentalmente, en tiempos del expresidente Hugo Chávez y se les asignaron a personas que, ante todo, garantizaran lealtad política, por lo que se dice que son comunidades con un alto porcentaje de personas militantes del régimen y en las que funcionan de una manera mucho más efectiva los distintos sistemas de control aplicados, por lo que se llama la Estructura Comunal. Es decir, aquella estructura política del gobierno más cercana a las distintas comunidades, especialmente las más populares del país.
Estas estructuras controlan muchos de los aspectos cruciales de la vida de las comunidades populares. Son ellos los que regulan el acceso al gas, las que supervisan la entrega de los subsidios alimenticios, las que autorizan o no aquellas reuniones que se realicen allí, las que autorizan para quién son los servicios públicos. Controlan tantos aspectos que cabe la pregunta: ¿controlan también el aspecto religioso? ¿Existe la libertad suficiente dentro de estas comunidades, dentro de estos sectores para vivir y proclamar la fe que cada uno ha decidido vivir o existen algunas restricciones?
La hermana Ana fue describiéndonos pausada, pero intensamente una experiencia que creemos nosotros que hay que conocer. Nos hizo tomar conciencia de lo que un pequeño grupo de mujeres decididas a proclamar el evangelio, tienen que padecer en su vida cotidiana para poder transmitir un mensaje vivo de fe y esperanza, dentro de las limitaciones que les son impuestas por unas estructuras políticas que convierten en algo casi que heroico lo que debería ser, en un país tradicionalmente cristiano y católico como algo normal.
Con cada aparición de esta columna, trataremos de adentrarnos en la historia de personas y comunidades que en Venezuela intentan vivir su fe libremente, pero que desde el poder encuentran restricciones de todo tipo para poder hacerlo libremente. Hoy hemos querido introducir las razones de ser de esta columna y de qué tratará. Seguiremos conversando en la siguiente columna con la hermana Ana.
*El autor es director del Centro de Investigaciones Populares de Venezuela. Este artículo de opinión se publica en el marco de la campaña de comunicación “Tu Fe, Tu Elección. Libertad para creer” que busca sensibilizar, visibilizar y denunciar internacionalmente la situación crítica de la libertad de culto y conciencia en Nicaragua y Venezuela.