Durante el acto de entrega de 400 buses procedentes de la República Popular China, Daniel Ortega afirmó que en Nicaragua existe plena libertad religiosa, asegurando que los nicaragüenses pueden celebrar en sus iglesias y profesar su fe libremente. Sin embargo, esta declaración ha generado controversia, ya que líderes religiosos han denunciado hostigamientos, cierres de iglesias, encarcelamientos, interrupción de celebraciones y un discurso oficial hostil hacia la Iglesia católica
“Hemos conmemorado a la virgencita de Guadalupe, que tiene el cariño del pueblo nicaragüense, que tiene el cariño del pueblo. Hermanos cristianos de diferentes Iglesias evangélicas también han hecho sus propias celebraciones, porque aquí cada quién tiene derecho de celebrar, a honrar sus principios religiosos”, señaló Ortega.
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Desde que el Frente Sandinista retomó el poder en 2007, las tensiones con la Iglesia católica se han intensificado, agravándose tras el estallido social de 2018. Desde entonces, el Gobierno ha implementado una estrategia sostenida de represión contra la Iglesia católica y otras denominaciones debido a las posturas críticas de algunos de sus integrantes, como el obispo y ex preso político Rolando Álvarez, Silvio Báez, Carlos Herrera y decenas de religiosos que han sido desterrados de Nicaragua.
Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), hasta julio de 2024, al menos 77 personas vinculadas a la Iglesia católica, incluidos sacerdotes y laicos, han sido detenidas arbitrariamente o forzadas al exilio. Además, en 2023 y 2024, el Gobierno deportó a 44 miembros de la Iglesia, entre ellos 12 sacerdotes en octubre de 2023 y 19 religiosos en enero de 2024.
Según el informe “Nicaragua: Cierra el año con represión sistemática y perfeccionamiento de la estrategia estatal contra cualquier forma de disidencia” de Amnistía Internacional, la persecución también ha alcanzado a los feligreses, resaltandoel caso de Lesbia Gutiérrez, víctima de desaparición forzada desde agosto de 2024.
Lesbia trabajaba desde 2006 con la Diócesis de Matagalpa en un proyecto de crédito rural y urbano. Su paradero sigue siendo desconocido, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares junto a otras tres personas que también permanecen desaparecidas.
Además de “las deportaciones, el hostigamiento, la estigmatización, las detenciones arbitrarias, la criminalización y la privación arbitraria de la nacionalidad, el gobierno ha utilizado leyes como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos para justificar la confiscación de bienes e instalaciones religiosas y la criminalización de servicios religiosos”, indica el pronunciamiento de Amnistía Internacional.
El organismo internacional destaca que la reforma constitucional realizada por el Gobierno Otrega-Murillo el 22 de noviembre, “dan apariencia de legalidad a la vigilancia y control indebido sobre la prensa y la Iglesia Católica, lo cual facilita el hostigamiento de voces disidentes y limita aún más el espacio cívico, afectando gravemente las libertades fundamentales de la población”.
El informe “Seis años de represión a la libertad religiosa en Nicaragua” del Colectivo Nicaragua Nunca Más documenta una persecución constante y agresiva contra la Iglesia. Según el reporte, 55 personas, incluyendo seminaristas, presbíteros, laicos, misioneros, pastores y obispos, han sido desterradas, mientras que unas 76 monjas de distintas órdenes religiosas han sido expulsadas o forzadas al exilio.
El informe también aborda las detenciones arbitrarias de líderes del Ministerio Puerta de la Montaña, quienes realizaron una cruzada religiosa entre febrero y noviembre de 2023 con la aprobación del Gobierno. Sin embargo, en diciembre de ese año, la Policía detuvo a su representante legal, junto a nueve pastores y ttes mujeres, quienes permanecieron encarcelados hasta su liberación el 5 de septiembre de 2024.
También destacan las agresiones a líderes religiosos, como el caso del sacerdote Mario Guevara, quien fue rociado con ácido por una mujer simpatizante del Frente Sandinista y de origen ruso. Asimismo, documenta los ataques de turbas gubernamentales durante la visita del nuncio apostólico, el cardenal Leopoldo Brenes, y monseñor Silvio Báez a la ciudad de Diriamba. Otro caso registrado es el impedimento en mayo de 2022 al padre Harvin Padilla de salir de la iglesia San Juan Bautista de Masaya, entre otras agresiones documentadas por el Colectivo.
Los líderes evangélicos también han sido víctimas de “detenciones arbitrarias, descalificaciones, agresiones, asedios y amenazas”, según el informe. Entre 2023 y 2024, se registraron siete casos que involucran a 6 pastores evangélicos y a una persona vinculada a la iglesia evangélica, reflejando un patrón de hostigamiento que no distingue denominaciones religiosas.
Este ambiente de persecución también contrasta con las acciones simbólicas del Gobierno sandinista, como la promoción de altares en honor a las fiestas de la Purísima. Las celebraciones religiosas del pasado 7 de diciembre se llevaron a cabo bajo un contexto de restricciones y fuerte control policial, evidenciando una discrepancia entre el discurso oficial y la realidad.
A esto se suma la cancelación, el 4 de diciembre, de la Asociación Inmaculada Concepción de María, activa desde noviembre de 2015, por parte del Ministerio del Interior.
Ante estos hechos, desde El Vaticano han surgido críticas y demandas al Gobierno de Nicaragua para garantizar la libertad de culto. Durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el 28 de septiembre de 2024, el cardenal Pietro Parolín denunció que estas acciones “afectan directamente la sensible cuestión de la libertad religiosa”.