El sacerdote Pedro Méndez, de la iglesia Santa María Magdalena de Masaya, “fue torturado, le quebraron los dientes, estuvo en el (Hospital) Vivian Pellas, le pusieron un AK en la boca y le apearon los dientes”, asegura un testigo, cuyo testimonio fue documentado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en el informe Seis años de Represión a la Libertad Religiosa en Nicaragua, presentado este miércoles 30 de octubre.
El documento de 133 páginas contiene 357 testimonios de víctimas que mencionan a las iglesias, fundamentalmente a la católica. Los testimonios mencionan diferentes roles asumidos por los religiosos en la protección de los manifestantes, asistencia médica, resguardo en templos, entre otros, así como las diferentes agresiones sufridas por las víctimas y religiosos perpetradas por parte de agentes estatales y entidades paraestatales.
“Cuando fueron las barricadas a él (cura no identificado) lo detuvieron en uno de los tranques y se lo llevaron a la estación de Diría y lo golpearon y le dejaron los ojos morados, él no salió a celebrar las misas por eso”, señala otro testimonio.
Uno de los testigos afirma que “en mayo de 2022 el padre Harvin Padilla fue impedido de salir de la iglesia San Juan Bautista de Masaya durante dos semanas, de forma paralela la policía rodeó la parroquia Santo Cristo de Las Colinas, en Managua, impidiendo la salida de Monseñor Rolando Álvarez, donde permaneció por cinco días… Tres meses después, en agosto (de 2022) la policía retuvo al padre Uriel Vallejos por 48 horas en la capilla Niño Jesús de Praga en Sébaco”. Todos los operativos fueron dirigidos por el Comisionado General Ramón Avellán.
Las 4 etapas de la represión religiosa
Braulio Abarca, defensor del programa de Educación y Memoria del Colectivo, explicó que este organismo identificó cuatro etapas de la represión a la libertad religiosa. La primera comprende desde abril de 2018 hasta marzo de 2019. Esta se caracterizó por la estigmatización y generar un clima adverso en la opinión pública contra la iglesia, al comenzar a ser puesta como un “enemigo del pueblo” o del Estado, legitimando algunos actos de violencia y profanación de templos.
Abarca recordó que en esta fase el comandante Edén Pastora (fallecido durante la pandemia) dijo la frase: “las balas también atraviesan las sotanas”. Dijo que esta fue una clara amenaza en contra de los sacerdotes.
La segunda etapa inició con un hito histórico en abril de 2019: el exilio del primer obispo, Silvio Báez, producto de este clima adverso contra la iglesia y la persecución en su contra. “Esta segunda etapa es la más larga de las cuatro, ya que en esta se cimentaron todas las bases legislativas, judiciales, sociales y administrativas que permitirían la profundización de la represión en contra de la iglesia”, cita el informe.
La tercera etapa inició con la expulsión o retiro del beneplácito del monseñor Waldemar Satnislaw Sommertag, nuncio apostólico del Vaticano desde 2018. “Está enmarcada en una mayor persecución a la iglesia y a la ruptura de facto de relaciones entre la Santa Sede y el régimen; con esta etapa se dieron las primeras detenciones a sacerdotes, expulsión de personas religiosas y un mayor cierre de medios de comunicación y asociaciones ligadas a la Iglesia, tanto católica como evangélica”, señala el documento.
Esa tercera etapa duraría hasta el 9 de febrero de 2023, con la desnacionalización y destierro de 22 personas religiosas. Aquí inició una nueva y cuarta etapa que persiste hasta la actualidad. Según el Colectivo, en esta se ha establecido una política de destierro, incremento de apatridia de facto y cancelación masiva de organizaciones religiosas, así como congelamiento de cuentas a diócesis y discursos de odio constantes.
El cardenal Leopoldo Brenes oficia la misa del Domingo de Ramos, en el inicio de las festividades religiosas de Semana Santa, en Managua (Nicaragua). Por segundo año consecutivo sin procesiones en las calles, tras la prohibición del Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Divergentes | EFE/ Jorge Torres.
Violación a la libertad religiosa, “las más graves y de mayor intensidad”.
Natalia Caro, integrante del Consejo del Colectivo, dijo que desde 2019 se han documentado una serie de casos, lo cual ha permitido evidenciar violaciones a los derechos humanos, entre ellas, la violación a la libertad religiosa, como “las más graves y de mayor intensidad”.
El informe analiza las violaciones a la libertad religiosa y de conciencia entre 2018 y 2023, teniendo en cuenta las diversas formas de violación e injerencias del Estado y agentes paraestatales a este derecho, así como las etapas y evolución de esta violencia y los impactos que ha tenido en su feligresía, en el socavamiento de la democracia y en la sociedad en general.
Se destacan casos puntuales como la privación arbitraria y judicialización, el destierro, despojo de la nacionalidad, tortura, cancelación de organizaciones religiosas, entre otras
Cabe destacar que hasta el año 2022, las dos religiones predominantes en Nicaragua son la iglesia católica, con un 44.9%, y la iglesia evangélica, con un 38%.
Al cierre de este informe, el Colectivo ha documentado el caso de 28 personas vinculadas directamente a la Iglesia Católica. De estas, siete son sacerdotes, dos monaguillos, cuatro trabajadores de la iglesia, dos donantes, un delegado de la palabra y 12 personas que formaban parte del coro, catequistas o integrantes de pastorales y comunidades dentro de la iglesia.
De las 28 personas documentadas, ocho fueron detenidas, expulsadas del país y despojadas de su nacionalidad, incluyendo un sacerdote despojado de su nacionalidad y forzado a exiliarse, al igual que las otras 19 personas que se vieron forzadas a salir al exilio.
“No podíamos mencionar a monseñor Álvarez”
El colectivo destaca que algunos sacerdotes fueron claves para preservar la vida de los manifestantes víctimas de las fuerzas armadas de agentes paraestatales y la policía. “Estos resguardaron a las personas en los templos y realizaron una importante labor de concientización en la población”.
El Colectivo documentó nueve casos de personas que denunciaron haber sido víctimas de hostigamiento policial durante celebraciones religiosas. Estos actos de asedio ocurrieron en León, Bluefields (Costa Caribe Sur), Jinotega, Managua, Matagalpa, Masaya y Jinotepe.
Los líderes religiosos han sufrido exilio y abandono de labor pastoral; detenciones y desapariciones forzadas de manera temporal; vigilancias y asedio en las parroquias y a su familia, judicialización, malos tratos en los centros de detención, traslado forzoso hacia Roma, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Guatemala, despojo de la nacionalidad y prohibición de realizar celebraciones católicas a nivel nacional.
“Nosotros recibimos una orden de la policía que no podíamos mencionar a Monseñor Rolando (Álvarez) ni al inicio de la eucaristía en las peticiones, algunos solo mencionábamos por nuestro obispo. La policía departamental llevaba cartas con una orden que estaba prohibido mencionar al obispo en la plegaria eucarística, el obispo representa la iglesia local o la iglesia diocesana, no mencionarlo para nosotros es no tener una guía una cabeza y no tener una dirección”, dijo uno de los entrevistados.
“Ni en tiempos de guerra hubo este terror”
Los testimonios recabados demuestran el ensañamiento contra aquellos sacerdotes relacionados a Monseñor Álvarez o contra aquellos que simplemente lo mencionaban en sus homilías, según el informe. De los testimonios se desprende también el impacto de la violencia en las familias de las personas identificadas como blancos de la acción represiva.
Durante los interrogatorios, la policía insistía en criminalizar a la Iglesia. Según la narrativa oficial, la Iglesia católica habría participado en un intento de golpe de Estado, “y el simple hecho de realizar actividades religiosas, apoyar a la Iglesia o tener cercanía con sacerdotes convierte a las personas en culpables de participar en dicho supuesto golpe, destacando lo peligroso que, según ellos, es tener vínculos con la Iglesia”.
La investigación señala que 74 personas religiosas han sido encarceladas, entre ellas, 11 pastores evangélicos. La leyes más usadas para perseguir a religiosos han sido la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz (Ley 1055), Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), Ley de Pérdida de Nacionalidad (Ley 1145).
Además, tienen una lista de 55 religiosos (católicos y evangélicos) desterrados y 76 monjas expulsadas o desterradas.
Yader Valdivia, defensor e integrante del programa de documentación de Colectivo, concluyó que en Nicaragua “no existe parangón” alguno que iguale los niveles de represión contra las iglesias católicas y evangélicas y otras expresiones religiosas. “Nunca el país había tenido tantos sacerdotes presos, religiosas y religiosos perseguidos y expulsados. Ni en tiempos de guerra hubo fomento de terror como el que sufre actualmente el pueblo nicaragüense y en particular la iglesia católica, a la que se le persigue hasta por sonar las campanas”, apuntó Valdivia.
Ataques a pastores evangélicos
El informe destaca que a partir de 2023 empezaron a ser más visibles las agresiones contra la iglesia evangélica, con mayor énfasis en el cierre de asociaciones, universidades, centros de educación y formación cristiana.
Hasta el cierre de este informe, el Colectivo ha registrad siete casos entre 2023 y 2024, que incluyen a seis pastores evangélicos y una persona vinculada a la iglesia evangélica. Sus testimonios relatan actos en su contra relacionados con su actividad religiosa como represalia a su no alineamiento con el régimen.
Una persona vinculada a una iglesia evangélica denunció actos de hostigamiento y vigilancia en su contra por el hecho de no simpatizar con el Gobierno.
“La persona trabajaba para una tienda musical cristiana en donde era visitada de forma constante por la policía para decirle que si no estaba a favor del Gobierno la policía no respondería por la seguridad y de él y su familia, estas amenazas se cumplieron debido a que su hija no fue aceptada en el colegio público y le rechazaron atención médica en el hospital con el discurso que si no estaba a favor del Gobierno no debían servirse de él”, cita uno de los testimonios.