Con lujo de violencia, oficiales de la Policía orteguista, bajaron de su vehículo a monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de la diócesis de Jinotega, al momento de arrestarlo el pasado 13 de noviembre en Managua, según relataron fuentes conocedoras a LA PRENSA, que prefirieron omitir su nombre por temor a represalias.
La dictadura desterró a Guatemala al obispo Herrera, de 75 años, tres días después de que el jerarca señalara que el alcalde de Jinotega, el orteguista Leónidas Centeno, comete un sacrilegio al colocar música a alto volumen para interrumpir las misas.
LA PRENSA supo que Herrera y su asistente, Emily Silva, sostuvieron una reunión en la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en Managua en la que también estuvo presente el cardenal Leopoldo Brenes quien, en esa ocasión, estaba escoltado por más policías de lo habitual.
“Cuando él salió de la reunión y va de regreso a Jinotega, lo detuvieron dos patrullas y tres camionetas. Cuando los policías abrieron las puertas de la camioneta, con muchísima violencia lo bajaron y lo pasaron a una de las camionetas”, dijo la fuente.
Díaz los detuvo, acusó y condenó
La captura fue a mediodía y los policías lo trasladaron al distrito tres, donde permanecieron por más de cinco horas. Según la fuente, en la delegación lo estaba esperando Francisco Díaz, primer comisionado de la Policía y consuegro del dictador Daniel Ortega.
La fuente refirió que Díaz aseguró que Herrera cometió el delito de traición a la patria por “poner a la población en contra del gobierno a través de las homilías” y que ese delito “se paga con destierro” y que ese era el castigo para los que formaban parte de la “mafia católica”.
Posteriormente, oficiales de la Policía trasladaron al aeropuerto a Herrera, le entregaron un pasaporte y lo obligaron a subirse al avión rumbo a Guatemala. Las fuentes conocedoras del tema refirieron que al igual que Herrera, se presume que su secretaria, Emily Silva, también fue desterrada.
Herrera solicitó en 10 cartas al alcalde el respeto a la misa
LA PRENSA supo por fuentes en Jinotega que monseñor Carlos Herrera envió al menos diez cartas al alcalde de ese municipio, Lónidas Centeno, para que no interrumpiera las eucaristías con música.
Sin embargo, el 10 de noviembre, monseñor Herrera dijo en una eucaristía que el alcalde cometía un sacrilegio al poner música a alto volumen en las afueras del templo, interrumpiendo la celebración.
Vigilancia después del destierro
Posterior al destierro del obispo de Jinotega, el régimen implementó mayor vigilancia para evitar cualquier crítica, según relataron fuentes de la localidad a LA PRENSA.
“Debés saber que desde antes nos llegaban a vigilar. En el pueblo, todos conocemos quiénes son los paramilitares. Estos siempre llegaban a la misa, pero ahora hemos visto más de los que normalmente llegaban. No se pierden ninguna misa desde que se llevaron a monseñor Herrera”, refirió la fuente.
Una feligrés relató que “algunas veces mandan la patrulla cerca de la catedral, pero en otras solo la mandan a andar pasando”.
“Algunos de las comunidades han preferido ausentarse (a misa) por unos días, mientras se calman las aguas”, relató.
Además, la fuente señaló que la catedral de Jinotega quedó bajo la administración del sacerdote Mauricio Pérez, el vicario general de la diócesis.
Persecución a raíz de ordenaciones en Matagalpa
Las tensiones de la dictadura contra Herrera se incrementaron el 20 de julio de este año, luego de que el jerarca ordenara a sacerdotes en la diócesis de Matagalpa, según cuentan fuentes locales.
“A raíz de las ordenaciones se incrementó la persecución porque el gobierno dijo que fueron mandadas por monseñor Rolando Álvarez, pero no es cierto. Pero a partir de ahí empezaron las visitas diarias de la Policía y llegaban a grabar con mayor descaro las homilías”, relató un feligrés.
Entre abril de 2018 y julio de 2024, al menos 245 religiosos ya no desarrollan su labor pastoral en Nicaragua debido a la represión del régimen Ortega Murillo contra la Iglesia católica, según narra la quinta entrega del informe Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?, presentado en septiembre por la abogada e investigadora Martha Patricia Molina.