La madrugada de este jueves 5 de septiembre, 135 presos políticos nicaragüenses fueron liberados y enviados a Guatemala, según informó un comunicado firmado por Jake Sullivan, Consejero de Seguridad Nacional de la administración Biden.
Entre los liberados figuran 13 miembros de la organización cristiana Puerta de la Montaña (Mountain Gateway, con sede en Texas), además de laicos católicos, estudiantes y otros ciudadanos cuyas identidades aún no han sido reveladas.
El comunicado emitido por Estados Unidos agradeció al Gobierno de Guatemala por su “liderazgo y generosidad” al aceptar a los ciudadanos nicaragüenses, y subraya que “nadie debería ser encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales de libre expresión, asociación y práctica de su religión”.
Una vez en Guatemala, las personas liberadas tendrán la posibilidad de solicitar vías legales para reconstruir sus vidas en Estados Unidos o en otros países, a través de la iniciativa de la Oficina de Movilidad Segura del Presidente Biden.
El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris extendieron su gratitud al presidente guatemalteco Bernardo Arévalo por su liderazgo en la región, particularmente en el manejo de cuestiones humanitarias y la defensa de la libertad democrática.
Pastores de Puerta de la Montaña fueron acusado de “lavado de dinero”
“Este es el día por el que hemos estado orando y creyendo en Dios”, dijo Jon Britton Hancock, fundador y presidente de Puerta de la Montaña. “Miembros del Congreso, del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Nacional trabajaron incansablemente para lograr su liberación de su injusto encarcelamiento”, publica The New York Times tras la liberación de los pastores.
Hancock, que fue acusado pero nunca detenido, consiguió que miembros del Congreso, en particular el representante Robert Aderholt, republicano de Alabama, instaran a la liberación de los ministros.
Marisela Mejía, de 34 años, ministra y administradora de Puerta de la Montaña, acababa de dar a luz cuando fue detenida. Ella y su esposo, Walner O. Blandón, pastor principal de la misión, fueron condenados a 15 años de prisión y a una multa de 80 millones de dólares cada uno. Sus dos hijos, ambos nacidos en Estados Unidos, se quedaron con familiares en Nicaragua durante el encarcelamiento de sus padres y se les permitió reunirse con ellos en Guatemala.
La excarcelación de estos presos ocurre en un contexto de creciente represión a la libertad religiosa en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado la persecución contra líderes religiosos y organizaciones cristianas.
Desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018, la Iglesia católica, en particular, ha sido blanco de agresiones por su rol en la mediación del conflicto y su postura crítica hacia el gobierno.